Mouris Salloum George*
Los románticos combatientes mexicanos por la vida nos informan que el acceso al agua potable -y aunque no lo sea-, es un Derecho Humano.
Los Derechos Humanos, que antes se denominaban garantías individuales, ahora ocupan el primer título de la Constitución.
En una época no lejana, un spot público nos advertía: Dios da el agua… pero no le entuba. Se pretendía hacer conciencia social contra el desperdicio de ese recurso, sin el cual nadie puede imaginar la Naturaleza. Está entre los cuatro elementos vitales.
Ahora, hasta se dan premios a las empresas socialmente responsables. Algunos creen, de veras, que estas empresas existen.
La galopante privatización por el Estado neoliberal
En el aciago periodo del Estado neoliberal se han dado 531 mil concesiones estatales a particulares. Algunas hasta por 30 años. En el periodo populista, a 1992 se habían otorgado únicamente dos mil.
Solo para ilustrar la monstruosidad: A 417 corporativos mineros, se les han dado títulos de explotación y usufructo sobre 436 mil millones de metros cúbicos al año.
No existe un procedimiento de verificación confiable para comprobar que dicha cuota se cumple ni cómo se evita que, usado el recurso, no se regrese a los vertedores de las grandes cuencas sin residuos tóxicos.
Del sector de la industria extractiva, el Grupo México, ya tipificado como homicida industrial, y la canadiense Goldcorp aparecen como más favorecidas.
Del sector embotellador, las favorecidas con los Grupo Modelo y PepsiCo. En meses recientes, el gobierno de Baja California abogó por la gringa Cervecera Constellation, a la que se dieron permisos para extraer 20 millones de metros cúbicos al año en una zona eminentemente desértica.
A encomendarse a la Divisa Providencia
En Voces del Periodista impreso, recientemente hemos hablado de ese proceso de depredación y hemos advertido sobre la guerra que viene: Por el agua.
Las organizaciones civiles que en México defienden el derecho a la vida han denunciado sistemáticamente que el despojo del agua se profundizó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Para hacerlo, el gobierno priista retuvo durante seis años la consulta sobre la reforma de la Ley General de Aguas, un proyecto legislativo para, de una vez por todas, privatizar el usufructo del líquido. Una de sus cláusulas restringe sustancialmente la cuota diaria destinada al consumo humano.
Después de conejo ido… hoy se anuncia que, eventualmente, la Comisión Nacional del Agua lanzaría la convocatoria a una consulta pública sobre esa iniciativa de ley. Hay que encomendarse a la Divina Providencia.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
